La construcción afronta brechas de cumplimiento en su plan sectorial de pensiones

La construcción afronta brechas de cumplimiento en su plan sectorial de pensiones
Brechas en pensiones construcción

El plan de pensiones de empleo simplificado de la construcción encara su primer gran reto de aplicación apenas seis meses después de su entrada en vigor en 2026. La controversia enfrenta a sindicatos y patronal sobre el alcance real de los incumplimientos en un sector muy atomizado y con fuerte peso de pequeñas empresas.

Destacados

  • CCOO del Hábitat denuncia que menos del 60% de las 136.431 empresas del sector construcción realizaron aportaciones al Plan de Pensiones de Empleo Simplificado en mayo de 2026, incumpliendo el 2,25% salarial anual exigido.
  • La Confederación Nacional de la Construcción sostiene que más del 92% de los asalariados está cubierto por el plan, aunque admite que el cumplimiento aún no es total y respalda inspecciones para corregir desviaciones.
  • El sector promueve inspecciones y una campaña de vigilancia tras eliminar en 2025 las excepciones para temporales, universalizando las aportaciones y posicionando el modelo sectorial de pensiones como referencia para pymes y otros sectores.

Cifras enfrentadas sobre las aportaciones obligatorias

Según publica elEconomista.es, CCOO del Hábitat denuncia que al menos cuatro de cada diez empresas de la construcción podrían no estar abonando las cantidades exigidas al Plan de Pensiones de Empleo Simplificado, una obligación recogida en el VII Convenio General del Sector que fija una aportación del 2,25% del salario base anual del trabajador. El secretario general del sindicato, Daniel Barragán, advierte de incumplimientos en la aplicación del acuerdo firmado el 1 de enero de 2026.

De acuerdo con las cifras citadas del Observatorio Laboral de la Construcción, en mayo de 2026 constan 136.431 empresas inscritas en la Seguridad Social dentro del sector, pero algo más de 83.000 habían realizado aportaciones al plan. En el caso de los trabajadores, frente a una afiliación superior al millón de asalariados, unas 850.000 personas habrían recibido alguna contribución al sistema de ahorro para la jubilación.

La Comunidad Valenciana aparece como uno de los ejemplos destacados por el sindicato. Allí, de unas 22.000 empresas con trabajadores por cuenta ajena, menos de 10.000 habrían cumplido con esta obligación, según la información trasladada por CCOO del Hábitat.

La Confederación Nacional de la Construcción rechaza, sin embargo, que esa medición refleje la realidad del sector. La patronal sostiene que el recuento sindical incluye empresas ya inactivas y negocios con un solo trabajador, es decir, autónomos, y defiende que la referencia adecuada debe ser el número de asalariados cubiertos. Bajo ese criterio, asegura que más del 92% de los trabajadores estaría cubierto, aunque admite que el grado de cumplimiento todavía no alcanza el 100% y considera inaceptable cualquier desviación del convenio.

Un modelo pionero a prueba en un sector atomizado

Como respuesta, CCOO del Hábitat plantea una campaña estatal de información, vigilancia y denuncia para forzar el cumplimiento de las aportaciones en todas las empresas de la construcción. La propia patronal dice respaldar las medidas que acuerden los sindicatos y apunta a las inspecciones como una de las pocas vías que quedan para corregir los incumplimientos, especialmente entre las compañías de menor tamaño.

El debate surge después de que el sector presentara a comienzos de 2026 la consolidación de este instrumento de previsión social complementaria, impulsado por la Confederación Nacional de la Construcción junto con CCOO del Hábitat y UGT-FICA. El plan fue presentado como el primer esquema sectorial de pensiones en España y como una de las principales novedades recientes de la negociación colectiva.

Su diseño busca extender el ahorro para la jubilación en una actividad dominada por pymes, donde estos mecanismos apenas tenían presencia, y dar cobertura a alrededor de 700.000 trabajadores mediante aportaciones empresariales obligatorias consideradas salario diferido. En 2025, patronal y sindicatos eliminaron además la excepción que permitía dejar fuera a determinados empleados, entre ellos temporales, con el objetivo de universalizar las contribuciones.

La controversia actual vuelve a poner el foco sobre la viabilidad de trasladar planes sectoriales de pensiones a entornos empresariales muy fragmentados. La experiencia de la construcción, observada también por otros sectores como el metal, se convierte así en una prueba sobre la capacidad real de supervisar y extender este modelo en todo el tejido productivo.

En nuestra publicación anterior sobre la jubilación anticipada en España explicamos cómo la Seguridad Social mantiene coeficientes reductores que pueden recortar la pensión en función de los meses de adelanto y los años cotizados, incluso en carreras laborales largas. También repasamos el calendario que eleva gradualmente la edad ordinaria de retiro y el rechazo parlamentario a una propuesta para permitir la jubilación anticipada sin recortes, en un contexto en el que el coste presupuestario limita cambios inmediatos.

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