Castilla-La Mancha y Murcia alertan de recortes al regadío en la planificación hidrológica 2028-2033

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Ezequiel Gomes

Hace 2 horas

Castilla-La Mancha y Murcia alertan de recortes al regadío en la planificación hidrológica 2028-2033 — Recortes al regadío 2028

La revisión de la planificación hidrológica para el ciclo 2028-2033 abre un nuevo frente para el regadío en varias comunidades con fuerte peso agrario. Las propuestas para cuencas como Guadiana, Segura, Tajo, Júcar y Duero anticipan menores dotaciones, pérdida de superficie regable y un impacto económico relevante sobre explotaciones e inversiones ya realizadas.

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Las propuestas hidrológicas 2028-2033 podrían convertir 115.000 hectáreas de regadío en secano en el Guadiana, causando una pérdida anual de 213 millones de euros y depreciación patrimonial de hasta 1.500 millones.
El cierre de pozos desde el 31 de diciembre de 2027 y la reducción del trasvase Tajo-Segura de 295 a 190 hectómetros cúbicos anuales supone un ajuste doble para Murcia, con la Confederación del Segura planteando un recorte de casi 40% en recursos de regadío.
Fenacore denuncia que solo se ha ejecutado el 25% de las medidas del plan 2021-2027 hasta diciembre de 2024 e insiste en revisar caudales ecológicos y reforzar la seguridad jurídica de los aprovechamientos.

Recortes previstos y respuesta institucional

Como informó elEconomista, los Esquemas Provisionales de Temas Importantes, base de los futuros planes hidrológicos de cuenca, activan la oposición de agricultores, regantes y gobiernos autonómicos por el alcance de las restricciones planteadas para el periodo 2028-2033.

En Castilla-La Mancha, Asaja y UPA sostienen que las propuestas para las cuencas del Guadiana, del Júcar, del Segura y del Tajo comprometen miles de explotaciones. En la cuenca del Guadiana, cifran en unas 115.000 hectáreas, el 34% de la actual superficie de riego, el terreno que pasaría a secano, con una pérdida anual de 213 millones de euros en valor de producción agraria y una depreciación patrimonial de hasta 1.500 millones de euros.

En la cuenca del Segura, las mismas organizaciones sitúan el impacto en una reducción de 100 millones de euros en ingresos y una pérdida patrimonial superior a 600 millones. Con el apoyo de cooperativas agroalimentarias, preparan una iniciativa en el parlamento autonómico para buscar un pronunciamiento unánime frente a los recortes del cuarto ciclo.

El Ministerio para la Transición Ecológica plantea cierres de pozos desde el 31 de diciembre de 2027 y la posible no renovación de concesiones de aguas públicas desde 2035 para mejorar acuíferos sobreexplotados. Regantes y el Gobierno murciano defienden, sin embargo, que existe margen para una moratoria hasta 2033 cuando concurren razones técnicas y económicas suficientes.

La Región de Murcia añade que el ajuste es doble por la combinación del cierre de pozos y la reducción del trasvase Tajo-Segura ligada al aumento de los caudales ecológicos. Según las alegaciones del Ejecutivo autonómico, la dotación del trasvase bajaría de 295 a 190 hectómetros cúbicos anuales, mientras la Confederación Hidrográfica del Segura plantea una reducción cercana al 40% de los recursos destinados al regadío en los próximos años.

Castilla y León también rechaza las restricciones generalizadas previstas en el Duero para concesiones y renovaciones de aprovechamientos subterráneos. La Junta pide evaluaciones individualizadas y advierte de que la denegación de novaciones implicaría el paso a secano de 32.000 hectáreas, un coste de 17,8 millones de euros al año y el posible abandono de más de 3.000 explotaciones.

Impacto sectorial y demandas de inversión

Más allá de las alegaciones territoriales, el debate afecta al modelo de competitividad del regadío y a la seguridad jurídica de inversiones ya ejecutadas en cultivos permanentes y sistemas de riego eficientes. En zonas como el Alto Guadiana predominan viñedo, olivar, pistacho y almendro, explotaciones que requieren horizontes largos de amortización y que quedarían especialmente expuestas si desaparecen derechos de agua o se reducen las dotaciones.

En Castilla y León, la Junta recuerda que la comunidad cuenta con unas 550.000 hectáreas de regadío, el 15% de la superficie cultivable, por debajo de la media nacional del 22,3%, y con un nivel de regulación de la cuenca del Duero de apenas el 30%. Por ello propone incorporar más de 43.000 nuevas hectáreas de regadío, junto con sustitución progresiva de recursos subterráneos por superficiales y una mesa de trabajo entre usuarios y la Confederación Hidrográfica del Duero.

A escala nacional, Fenacore reclama al Ministerio revisar los caudales ecológicos, fijar una metodología única para medir su efecto sobre el regadío y flexibilizar temporalmente esos volúmenes en situaciones de sequía grave. También defiende la construcción y el mantenimiento de nuevas presas viables para almacenar agua en periodos húmedos, asegurar suministro en sequía y reducir la exposición a la variabilidad climática.

La federación subraya además el bajo grado de ejecución de las medidas comprometidas en anteriores planes hidrológicos. Según sus datos, el plan 2021-2027 no llega al 25% de ejecución a 31 de diciembre de 2024, mientras el ciclo 2015-2021 se queda en el 40%, un retraso que, a su juicio, resta credibilidad al proceso y dificulta tanto los objetivos ambientales como la atención a la demanda agraria.

Entre sus alegaciones adicionales, Fenacore pide un análisis económico detallado de las limitaciones a las aguas subterráneas, más recursos administrativos para resolver expedientes pendientes y un uso voluntario y complementario de las aguas regeneradas. También solicita medidas específicas frente a especies invasoras que obstruyen infraestructuras de riego y un programa que refuerce la seguridad jurídica de los aprovechamientos existentes.

La transformación tecnológica del sector agroalimentario español es un proceso ya muy extendido, con un 69% de las industrias que cuenta con estrategia de digitalización en 2024 y un uso de herramientas digitales cercano a la universalidad en industria, agricultura y ganadería. En nuestra publicación señalamos además el papel del Kit Digital, con más de 850.000 ayudas en miles de municipios rurales, como palanca para mejorar eficiencia, formación y resiliencia del sector, aunque persisten diferencias entre pymes y grandes empresas.

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