Begoña Gómez afronta juicio por presunta corrupción y gestión de activos ligados a la Complutense

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Ezequiel Gomes

Hace 2 horas

Begoña Gómez afronta juicio por presunta corrupción y gestión de activos ligados a la Complutense — Juicio a Begoña Gómez

La causa sobre la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid entra en fase de juicio oral con acusaciones por presuntos delitos vinculados al uso de recursos públicos y privados. El procedimiento también afecta a Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, mientras la universidad mantiene una reclamación por posible perjuicio patrimonial.

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Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés afrontan juicio oral por presunta corrupción, tráfico de influencias y malversación vinculada a la Cátedra de la Universidad Complutense desde 2020.
La Universidad Complutense cifra en 108.765,79 euros el daño patrimonial y en al menos 348.942 euros el coste total asociado al software Transforma TSC, incluyendo aportaciones empresariales y 70.000 euros financiados por Google sin fiscalización ordinaria.
El juez impone como medidas cautelares la retirada de pasaportes y la prohibición de salida de España para Gómez y Álvarez, mientras la Complutense sigue personada como actor civil perjudicado.

Apertura de juicio y alcance de las acusaciones

Según informó elEconomista, el juez Juan Carlos Peinado acuerda la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés por hechos relacionados con la creación y gestión de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.

El auto atribuye a Gómez presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Las mismas acusaciones recaen sobre Álvarez, directora de Programas en la Presidencia del Gobierno, mientras que Barrabés será juzgado por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La resolución sitúa el origen de la investigación en la puesta en marcha de la cátedra a partir de 2020. El magistrado aprecia indicios de que la proximidad de Gómez al presidente del Gobierno habría facilitado una interlocución privilegiada con responsables universitarios y empresas colaboradoras, y destaca la rapidez con la que se constituyó el proyecto tras varias reuniones en el Palacio de la Moncloa.

Uno de los principales focos del caso es la plataforma tecnológica Transforma TSC, concebida para medir el impacto social de organizaciones y proyectos. El auto sostiene que el software fue financiado y desarrollado con participación de grandes compañías tecnológicas y con recursos vinculados a la universidad, pero terminó bajo control privado mediante el registro de marcas y dominios y la constitución de Transforma TSC, S.L., sociedad en la que Gómez figura como socia y administradora única.

Impacto económico y derivadas institucionales

La Universidad Complutense de Madrid cuantifica provisionalmente en 108.765,79 euros el daño patrimonial directo derivado de los hechos investigados. Además, la resolución cifra en al menos 348.942 euros el coste total asociado al desarrollo de la plataforma, incluyendo aportaciones empresariales y contratos con terceros, y añade una financiación de 70.000 euros atribuida a Google que, según la investigación, no habría seguido los cauces ordinarios de fiscalización universitaria.

En el caso de Álvarez, el juez considera que habría prestado apoyo permanente a las actividades de la cátedra y del proyecto tecnológico mediante recursos vinculados a la Presidencia del Gobierno, con gestiones relacionadas con patrocinadores, coordinación de actividades y trámites asociados al desarrollo del software. Respecto a Barrabés, la resolución le vincula al asesoramiento estratégico del proyecto y señala que empresas relacionadas con el empresario habrían obtenido contratos públicos en procedimientos donde constaban cartas de recomendación firmadas por Gómez.

Como medidas cautelares, el magistrado acuerda la retirada de los pasaportes ordinarios y diplomáticos de Gómez y Álvarez, la prohibición de salir de España sin autorización judicial y la obligación de comparecer dos veces al mes ante el juzgado. En el caso de Barrabés, la petición de cautelares fue retirada en la audiencia preliminar, mientras la Complutense sigue personada como actor civil perjudicado.

La investigación se inicia en 2024 a partir de una denuncia presentada por Manos Limpias, a la que después se suman Vox, Hazte Oír e Iustitia. La línea relacionada con Air Europa queda fuera del procedimiento principal después de que la Audiencia Provincial de Madrid considere que no existen indicios suficientes para sostenerla, por lo que la causa continúa centrada en otros hechos y los tres acusados mantienen la presunción de inocencia hasta que exista sentencia firme.

En nuestra publicación anterior sobre la operación Easy Money, abordamos el desmantelamiento en España de la célula ibérica de una red de blanqueo que movía fondos mediante un sistema clandestino de transferencias tipo hawala (Fei-Ch'ien). Detallamos la coordinación entre autoridades españolas y europeas, los registros en comercios textiles y domicilios en varias ciudades, y las incautaciones de efectivo, documentación y dispositivos, en un entramado vinculado a mafias italianas y cárteles albaneses.

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