España encara el receso del Gobierno con vivienda, inmigración y Presupuestos aún sin resolver

España encara el receso del Gobierno con vivienda, inmigración y Presupuestos aún sin resolver
Retos clave sin resolver

El Gobierno de Pedro Sánchez afronta sus últimas semanas antes del parón estival sin avances decisivos en tres frentes que condicionan el final de la legislatura, la vivienda, la inmigración y las cuentas públicas. El atasco coincide con un verano de 2026 marcado por la presión del mercado inmobiliario, una regularización masiva de inmigrantes aún abierta y la continuidad de la prórroga presupuestaria.

Destacados

  • El Gobierno reintroducirá este mes un decreto de alquileres con incentivos fiscales para propietarios, buscando apoyo de PNV y Junts, tras fracasar la primera convalidación.
  • Más de un millón de solicitudes de regularización de inmigrantes laborales saturan el proceso, con resolución aplazada hasta finales de 2024 o principios de 2025.
  • La tramitación de los Presupuestos Generales del Estado 2027 sigue bloqueada por la falta de aval parlamentario a los objetivos de déficit tras la pérdida de las cuentas de 2026.

Bloqueos legislativos antes del verano

Como informó elEconomista.es, el Ejecutivo llega a los tres últimos Consejos de Ministros previos a las vacaciones con dificultades para cerrar iniciativas clave y con escaso margen parlamentario para revertir esa situación.

En vivienda, la presión se concentra en un mercado que el Banco de España ha llegado a definir como una “emergencia nacional” por el desequilibrio entre oferta y demanda. Tras el fracaso de la convalidación del decreto que pretendía prorrogar la actualización de los alquileres, Moncloa prepara un segundo texto para este mes con el que busca atraer a PNV y Junts mediante incentivos fiscales a propietarios, incluidas deducciones en el IRPF.

Ese giro complica, sin embargo, el frente de la izquierda parlamentaria. Podemos ya ha advertido de que no aceptará beneficios tributarios para arrendadores, lo que abre la puerta a que el Gobierno tenga que trocear la iniciativa si quiere salvar al menos la parte relativa a los alquileres.

El atasco también alcanza a los Presupuestos Generales del Estado. Las cuentas de 2026 se dan por perdidas y el Ejecutivo intenta al menos activar la tramitación de las de 2027, aunque aún necesita el aval del Congreso a los objetivos de déficit, deuda y techo de gasto en un contexto en el que Junts mantiene objeciones políticas y económicas de fondo.

Presión migratoria y coste político

La otra gran carpeta abierta es la regularización masiva de inmigrantes con fines laborales anunciada a comienzos de año. Con más de un millón de solicitudes recibidas, según confirmó la Seguridad Social a finales del mes pasado, el volumen de expedientes supera las previsiones iniciales y retrasa la resolución del proceso hasta finales de este año o incluso comienzos del próximo.

El debate político sigue además sin cerrarse sobre un eventual efecto llamada, en un momento en que España lidera los flujos netos de llegada dentro de la Unión Europea según datos homologados de Eurostat citados en el texto. El país registra un aumento de población de casi 460.000 personas en la referencia mencionada, impulsado casi por completo por la inmigración, mientras la evolución vegetativa permanece en negativo.

Ese cambio demográfico también alimenta el debate sobre el futuro gasto social. Las estadísticas citadas apuntan a una fuerte presencia de población extranjera en las rentas de inserción autonómicas, donde representan en promedio el 30% de los beneficiarios, con niveles cercanos al 50% en Navarra y La Rioja y por encima del 40% en Baleares, un peso superior al observado en el Ingreso Mínimo Vital.

Con la vivienda bajo máxima tensión, la regularización aún sin cerrar y los Presupuestos otra vez bloqueados, el Ejecutivo se encamina al receso estival sin haber resuelto los expedientes que más condicionan el próximo otoño político y económico.

En nuestra publicación anterior sobre el aval del ECOFIN a las recomendaciones de la Comisión Europea para España, repasamos la advertencia por el riesgo de desviarse de la senda de gasto de cara a 2026. También señalamos la presión para limitar beneficios fiscales del IVA (especialmente en hostelería y alojamiento) y el mensaje de reequilibrar el gasto social, en un contexto de elevado peso de las pensiones.

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