El Congreso afronta la votación final de la reforma de dependencia con 6.200 millones para 2026 y 2027

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Hace 16 horas

El Congreso afronta la votación final de la reforma de dependencia con 6.200 millones para 2026 y 2027 — Votación clave dependencia

La reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad entra este martes en una fase decisiva en el Congreso, con una votación que pone a prueba la mayoría parlamentaria del Gobierno. El paquete incluye además un real decreto-ley de financiación con 6.200 millones de euros para 2026 y 2027, mientras persisten dudas sobre la cobertura presupuestaria más allá de ese periodo.

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El Congreso vota la reforma de dependencia respaldada por 6.200 millones de euros para 2026 y 2027, con el apoyo clave de Junts o PP.
La reforma exige que el Gobierno financie al menos el 50% del sistema de dependencia, mientras el Estado mantiene una deuda de 20.000 millones con las autonomías.
Las medidas incluyen reducción de listas de espera, mejoras laborales sectoriales, un nuevo asistente personal y el reconocimiento automático del 33% de discapacidad con grado I de dependencia.

Votación clave y respaldo financiero

Como informó elEconomista.es, el Congreso vota por un lado la reforma de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, y por otro un real decreto-ley para reforzar la financiación del sistema. La aprobación queda ligada al apoyo o la abstención de Junts o del Partido Popular, formaciones que resultan determinantes para articular la mayoría.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, afirma en una entrevista con Cadena Ser que el Ejecutivo confía en sacar adelante la reforma, incluso con visos de unanimidad. No obstante, fuentes de Junts evitan adelantar el sentido de su voto, mientras que el PP ya reclama que el Gobierno aclare cómo prevé sostener el gasto público a partir de 2027.

Uno de los focos de fricción es la falta de una memoria económica que acompañe la reforma. En la Comisión de Derechos Sociales se incorpora una enmienda del PP para que el Gobierno financie al menos el 50% del sistema de dependencia, equivalente a esos 6.200 millones de euros, aunque fuentes parlamentarias sostienen que el Estado mantiene una deuda de unos 20.000 millones de euros con las autonomías por este concepto.

Alcance de la reforma e impacto en el sector social

La reforma se apoya en varios ejes, entre ellos el refuerzo de la financiación para reducir listas de espera y mejorar la atención a las personas dependientes. Según Bustinduy, el nuevo marco impulsa un modelo que deja atrás las macro residencias y prioriza apoyos para envejecer en casa con mayor calidad de vida.

El texto también contempla mejoras laborales para los profesionales del sector, con medidas orientadas a elevar salarios y dignificar el empleo. Además, introduce la figura del asistente personal para apoyar tareas cotidianas y amplía el concepto de cuidador, de forma que amigos o vecinos puedan acceder a prestaciones por desempeñar esas funciones.

En discapacidad, la nueva regulación prevé un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal para financiar actuaciones en espacios públicos y modifica la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar ayudas a comunidades de vecinos que acometan obras de accesibilidad. Entre las novedades figura también el reconocimiento automático de un grado de discapacidad del 33% para las personas a las que se conceda un grado I de dependencia.

En nuestra publicación anterior sobre el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) explicamos cómo este marco europeo impulsa la inclusión social y, sobre todo, la inserción laboral de las personas con discapacidad en España mediante formación, itinerarios sociolaborales y apoyo al empleo. También detallamos el sistema de bonificaciones e incentivos a la contratación —incluidos los Centros Especiales de Empleo y la ONCE— orientado a mejorar la estabilidad y la calidad del trabajo en este colectivo.

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