España mantiene alta presión en asilo e integración tras 144.396 solicitudes de protección internacional
El aumento sostenido de la presión migratoria y de asilo sigue condicionando la gestión pública en España, aunque las solicitudes de protección internacional bajan en 2025 frente al año anterior. El volumen registrado mantiene al país como tercer receptor de la UE y coincide con la plena entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería y la transición al Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Destacados
- España registró 144.396 solicitudes de protección internacional en 2025, el 17% del total de la UE, situándose como el tercer país europeo en peticiones.
- Las solicitudes de autorizaciones de residencia crecieron un 50% tras el nuevo Reglamento de Extranjería, alcanzando 724.000 a 31 de octubre de 2025.
- El informe destaca sobrecualificación en el 51,1% de migrantes extracomunitarios menores de 35 años y tasas de exclusión residencial superiores al 47%.
Balance del informe y cambios regulatorios
Según Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, citando al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes presenta su Informe Anual de 2025 con un total de 144.396 solicitudes de protección internacional registradas durante el año, frente a 167.366 en 2024. Ese volumen representa el 17% del total de la UE y sitúa a España como el tercer país europeo en número de peticiones.La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, afirma que estas cifras colocan a España en la primera línea de la gestión operativa europea. Del total de solicitudes tramitadas, las principales nacionalidades son Venezuela, Malí, Colombia y Perú, mientras que en 2025 se conceden 7.838 estatutos de refugiado, sobre todo a personas de Nicaragua, Colombia, Afganistán y Honduras.
El informe subraya además el efecto de la plena entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado por el Real Decreto 1155/2024. Desde mayo, las solicitudes de autorizaciones de residencia aumentan cerca de un 50%, desde 495.000 presentadas hasta el 20 de mayo de 2025 hasta 724.000 registradas a 31 de octubre; además, 95.000 personas regularizan su situación por vías de arraigo, se contabilizan 102.000 solicitudes de residencia para familiares de ciudadanos españoles y 93.000 por estudios.
Impacto laboral y retos de integración social
El documento sostiene que la población extranjera ocupa puestos que complementan, y no compiten con, el empleo de la población española, especialmente en cuidados del hogar, agricultura y ganadería, construcción, confección y alojamiento. Aun así, recomienda medidas para evitar que esa complementariedad se vuelva estructural y para impulsar formación en ocupaciones donde la población extranjera sigue infrarrepresentada.Entre los principales desequilibrios, el informe sitúa la sobrecualificación de migrantes extracomunitarios menores de 35 años en el 51,1%, más de veinte puntos por encima del 31,2% de la población española. También advierte de una mayor vulnerabilidad entre las mujeres extranjeras, concentradas en empleos peor remunerados, con un 54,8% de las nacionales de terceros países en riesgo de pobreza o exclusión social.
El acceso a la vivienda sigue siendo otra barrera central para la integración, con tasas de exclusión residencial superiores al 47% entre extracomunitarios, mientras persisten obstáculos en sanidad, empadronamiento, homologación de títulos, denuncia segura y educación. El informe añade que los discursos de odio y la desinformación agravan estas trabas; OBERAXE detecta en 2025 más de 740.000 contenidos racistas y xenófobos, de los que el 45% busca deshumanizar a personas de origen extranjero.
En educación, el texto señala una brecha relevante en el acceso universitario, ya que solo el 28% de los hijos de migrantes llega a la universidad frente al 43% de los jóvenes de familias autóctonas. El FISI plantea reforzar el aprendizaje del idioma y la participación en el primer ciclo de Educación Infantil, al considerar que la integración requiere recursos, políticas estructurales y un reconocimiento activo de la diversidad.
En una publicación anterior abordamos la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar la compra de la primera vivienda a jóvenes y familias con menores a cargo. Explicamos que el programa, canalizado a través de bancos y entidades colaboradoras y vinculado a los fondos Next Generation EU, busca reducir barreras de financiación y reforzar la inclusión residencial de los colectivos con más dificultades de acceso.
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