PSOE y PP mantienen bloqueada la reforma migratoria por devoluciones en frontera y reparto de menores

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Ezequiel Gomes

04.08.2026

PSOE y PP mantienen bloqueada la reforma migratoria por devoluciones en frontera y reparto de menores — Reforma migratoria bloqueada

La crisis migratoria en Ceuta vuelve a agrandar la distancia entre PSOE y PP sobre la reforma de la Ley de Extranjería y aleja un eventual pacto de Estado en inmigración. El principal choque se concentra en las devoluciones en frontera y en la acogida obligatoria de menores no acompañados, dos áreas con impacto directo sobre la gestión territorial y los costes públicos.

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PSOE y PP se mantienen enfrentados sobre reformas legales migratorias tras la avalancha en Ceuta, especialmente en devoluciones en frontera y modificaciones a la Ley de Extranjería.
El Gobierno exige a las comunidades autónomas la acogida obligatoria de menores no acompañados al superar el 150% de capacidad, mientras el PP reclama financiación y objeta el reparto y verificación de edad.
El PP despliega acciones parlamentarias y solicita informes sobre entradas irregulares, medidas del Ministerio del Interior y el coste económico extraordinario de la crisis migratoria en Ceuta.

Choque político sobre devoluciones y reforma legal

Según informa elEconomista.es, el desacuerdo entre los dos principales partidos se agrava tras la avalancha registrada en Ceuta el 30 de julio y tras el debate abierto por la sentencia del Tribunal Supremo sobre la entrada por mar. El PSOE se mantiene tradicionalmente contrario a las devoluciones en caliente, aunque este tipo de actuaciones se realizan en la frontera de Ceuta y Melilla desde 2018, mientras que el PP defiende reforzar los controles mediante un Plan de Fronteras y devolver a su país a quienes intenten entrar de forma irregular y sean interceptados.

El Gobierno ha modificado su posición después de los hechos de Ceuta y Pedro Sánchez se abre la semana pasada a cambiar la Ley de Extranjería, pero el entendimiento con el PP no prospera. El Grupo Popular presenta el 16 de julio una proposición de ley para reformar la norma y permitir el rechazo en frontera de migrantes que entren a nado en Ceuta y Melilla, y Miguel Tellado confirma después que no habrá acuerdo.

Otra de las discrepancias relevantes afecta a los visados y a las regularizaciones. El PP plantea un nuevo visado por puntos, vinculado a contratos en origen en sectores de difícil cobertura y a cuotas anuales por países y sectores, limitadas a Estados que cooperen en repatriaciones, control de flujos irregulares y verificación documental; además, rechaza las regularizaciones masivas y propone un régimen transitorio individualizado ligado a empleo, cotización o integración efectiva.

Presión sobre comunidades y ofensiva parlamentaria

El segundo gran foco de conflicto está en los menores no acompañados. El Gobierno exige su acogida obligatoria y solidaria por las comunidades autónomas cuando se alcance una saturación del 150% de la capacidad de recursos, con base en el real decreto aprobado el año pasado, mientras el PP considera arbitrario el mecanismo de reparto y reclama financiación suficiente antes de cualquier distribución.

Los populares también cuestionan la verificación de edad de algunos inmigrantes considerados menores y sitúan ese punto entre las objeciones al modelo actual. Esta diferencia añade tensión competencial y presupuestaria en la relación entre el Ejecutivo central y las autonomías.

En paralelo, el PP activa una ofensiva en el Congreso y el Senado por la crisis migratoria en Ceuta. En la Cámara Alta registra preguntas escritas y una solicitud de documentación sobre informes, estadísticas de entradas irregulares, instrucciones del Ministerio del Interior tras la sentencia del Supremo, protocolos de actuación, intentos diarios de entrada, fallecidos, medidas contra las redes de tráfico de personas y el coste económico extraordinario asumido por el Gobierno; en el Congreso, además, pide aclarar si el Ejecutivo conocía el riesgo de una nueva avalancha desde Marruecos a Ceuta.

En nuestra publicación anterior sobre el aumento de residentes ucranianos con documentación vigente en España, repasamos que a 30 de junio de 2026 la cifra superó las 353.000 personas, con una mayor presencia femenina y una fuerte concentración en Alicante, Madrid y Barcelona. También señalamos su inserción laboral principalmente en hostelería, construcción y servicios de información, en el marco de la continuidad de la protección temporal ligada al conflicto en Ucrania.

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