España concentra los nuevos programas de defensa y limita al 5% el acceso de las pymes, según Integrasys

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José Antonio Gastélum

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España concentra los nuevos programas de defensa y limita al 5% el acceso de las pymes, según Integrasys — Defensa limita a pymes

La nueva inversión de más de 1.400 millones de euros en 15 Programas Especiales de Modernización reabre en España el debate sobre cómo se distribuyen los fondos para reforzar la industria de defensa. El cuestionamiento se centra en si estos contratos están impulsando la innovación del tejido empresarial o si siguen favoreciendo sobre todo a un grupo reducido de grandes contratistas.

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El Gobierno de España ha destinado más de 1.400 millones de euros a 15 nuevos Programas Especiales de Modernización en defensa, sumando 50 proyectos activos.
Solo el 5% de los fondos termina en pymes, ya que la mayor parte se asigna a grandes contratistas desde el diseño de los programas, según Integrasys.
La ejecución lenta y falta de integración de innovación en los PEM conlleva riesgo de obsolescencia tecnológica y limita el crecimiento e internacionalización de pymes.

Reparto de fondos y acceso a los contratos

Según informa elEconomista, el Gobierno de España ha anunciado hace unos días una inyección de más de 1.400 millones de euros para activar 15 nuevos Programas Especiales de Modernización, que se suman a otros 35 ya en fase de ejecución dentro del sector de defensa.

Álvaro Sánchez, consejero delegado de Integrasys, sostiene que estos programas han terminado concentrando una parte muy relevante de los recursos en grandes contratistas, mientras las pequeñas y medianas empresas encuentran fuertes barreras de entrada. A su juicio, ese diseño no solo condiciona el reparto del gasto público, sino también la capacidad de España para incorporar nuevas tecnologías con la rapidez que exige el actual entorno geopolítico.

El directivo explica que, cuando los programas llegan a la fase de adjudicación, muchas de las actividades ya están definidas y asignadas. Eso reduce la posibilidad de incorporar a nuevos proveedores tecnológicos en etapas posteriores, incluso si cuentan con capacidades especializadas, y deja a muchas pymes dependiendo de haber sido seleccionadas desde el inicio por uno de los grupos tractores.

En ese contexto, Sánchez califica de "testimonial" la participación de las empresas de menor tamaño y la sitúa en torno al 5% de los fondos que acaban llegando realmente a pymes. En un mercado como el español, donde estas compañías representan la mayor parte del tejido productivo, quedar fuera de los grandes programas supone perder opciones de crecimiento, internacionalización y consolidación tecnológica.

Velocidad tecnológica e impacto para la industria

Las críticas del sector no se limitan a la concentración de contratos, sino que alcanzan también al ritmo de ejecución de los PEM. Parte de la industria considera que muchos programas avanzan con plazos que no encajan con los ciclos actuales de innovación, de modo que cuando las soluciones llegan a las Fuerzas Armadas, algunos requisitos se definieron años antes y parte de la tecnología ya ha sido superada.

Desde esa perspectiva, el riesgo es que los programas sirvan más para actualizar capacidades concebidas en el pasado que para incorporar desarrollos recientes disponibles en el mercado. Sánchez pide una conexión más estrecha entre los programas de innovación financiados por las administraciones y los futuros contratos de adquisición, con el fin de evitar que tecnologías respaldadas con fondos públicos queden estancadas en fases experimentales.

Entre los cambios que propone figuran programas específicos para empresas de menor tamaño, con presupuestos más reducidos y ciclos de desarrollo más rápidos, así como cuotas mínimas de contratación para pymes. También defiende que el efecto tractor forme parte de las reglas del sistema y no dependa solo de la voluntad de los grandes contratistas.

Como referencia, el ejecutivo cita los fondos europeos Next Generation y el Fondo Europeo de Defensa, que, según afirma, favorecen una participación más equilibrada al exigir consorcios, fomentar la colaboración entre compañías de distinto tamaño e introducir mecanismos más transparentes. Frente a ello, sostiene que los PEM todavía carecen de requisitos equivalentes para garantizar cuánta inversión pública llega realmente a las empresas más pequeñas.

El préstamo de 1.000 millones de euros de la UE a España a través del instrumento SAFE fue el foco de nuestro artículo anterior, donde explicamos que los fondos se orientan a acelerar la compra de material y la preparación militar. También señalamos que España quedó entre las asignaciones más bajas del reparto y repasamos el marco de financiación a largo plazo y de bajo coste que sustenta estas inversiones.

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