U.S. advierte de riesgos regulatorios y arbitrales para la inversión en España

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José Antonio Gastélum

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U.S. advierte de riesgos regulatorios y arbitrales para la inversión en España — Riesgos regulatorios en España

La posición de España como destino de capital extranjero vuelve a examinarse por el impacto de los litigios vinculados a los recortes a las renovables y por la complejidad regulatoria que perciben las empresas. El señalamiento llega mientras el país compite por atraer inversión en energía limpia, hidrógeno verde, almacenamiento y electrificación pese a mantener un sólido crecimiento económico.

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El informe del Departamento de Estado de U.S. alerta que tras la retirada del Tratado de la Carta de la Energía en 2024, España acumula más de 50 reclamaciones arbitrales, con dos tercios resueltas a favor de inversores y bloqueadas por laudo soberano y Derecho de la UE.
Compañías estadounidenses señalan como riesgos para la inversión en España la inseguridad jurídica por cambios legislativos, lentitud judicial, entorno regulatorio complejo, presión fiscal alta y disparidad normativa entre comunidades autónomas.
España logró un crecimiento del 2,8 % en 2025 y recibió 30.800 millones de euros en inversión extranjera directa —10.000 millones de U.S.— pero los impagos arbitrales y la burocracia refuerzan la percepción de mayor riesgo jurídico y operativo.

Advertencias del Departamento de Estado

Según El Economista, el informe "Investment Climate Statement for Spain" del Departamento de Estado de U.S. señala que España inició en 2011 una reforma de su sistema de primas que eliminó determinadas medidas de apoyo y desencadenó más de 50 reclamaciones de arbitraje de inversión contra el Estado, en su mayoría bajo el Tratado de la Carta de la Energía, del que el país se retiró en 2024.

Más de dos tercios de esos procedimientos terminaron con laudos favorables a los inversores. Los afectados tratan ahora de ejecutar esas resoluciones ante tribunales de distintos países, mientras España, según el informe, se ha resistido de forma consistente a su cumplimiento al invocar la inmunidad soberana y el Derecho de la Unión Europea.

El documento también recoge la preocupación de compañías estadounidenses por la inseguridad jurídica relativa derivada de cambios legislativos y de la lentitud del sistema judicial. Aunque el informe señala que la ley es adecuada y funciona de forma justa, añade que esa demora impone sobrecostes y eleva la incertidumbre para la inversión extranjera.

Además, el entorno regulatorio complejo, la presión fiscal relativamente elevada y unos procesos burocráticos costosos y lentos figuran entre los factores de riesgo. El texto añade que la divergencia normativa entre comunidades autónomas y la falta de un mercado interior plenamente uniforme en algunos sectores limitan el crecimiento empresarial, mientras algunas firmas extranjeras han afrontado retrasos o cambios inesperados en incentivos y ayudas públicas ya aprobados.

Fortalezas económicas e impacto para la inversión

El informe mantiene, no obstante, una valoración equilibrada sobre España como destino inversor. Destaca que la economía española creció un 2,8 % en 2025, casi el doble de la media de la zona euro, y subraya como activos la posición geográfica del país, sus infraestructuras de transporte, el tamaño del mercado doméstico y una mano de obra cualificada.

También resalta que los flujos de inversión extranjera directa alcanzaron 30.800 millones de euros en 2025, con U.S. como primer inversor, con 10.000 millones de euros. Ese contraste entre fundamentos macroeconómicos favorables y fricciones institucionales refuerza la idea de que el coste reputacional de los litigios energéticos puede pesar en futuras decisiones de asignación de capital.

En un momento en que España busca captar proyectos en renovables, hidrógeno verde, almacenamiento y electrificación, la persistencia de los impagos arbitrales y de la burocracia transmite una señal de mayor riesgo jurídico. Para los inversores, la advertencia de U.S. apunta a que el atractivo estructural del mercado español convive con incertidumbres regulatorias y de ejecución que pueden encarecer las operaciones.

En nuestra publicación ya contamos la nueva instrucción de la Generalitat Valenciana para agilizar la tramitación de proyectos energéticos, centralizando la validación de expedientes de instalaciones eléctricas y paneles fotovoltaicos en la Dirección General de Energía y Minas. El objetivo era recortar plazos de meses a semanas sin rebajar garantías legales ni ambientales, con la expectativa de mejorar el atractivo inversor y la competitividad industrial regional.

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