España reduce el peso de los servicios públicos de empleo en la contratación asalariada

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Dan Blystone

01.04.2026

España reduce el peso de los servicios públicos de empleo en la contratación asalariada — Caída de empleo público

Los datos de la Encuesta de Población Activa, elaborada por el INE sobre 2025, muestran que 319.700 asalariados obtuvieron su empleo actual con la participación de una oficina pública de empleo en España. Esa cifra equivale al 1,7% del empleo por cuenta ajena, supone un descenso interanual del 9,8% y sitúa a estos organismos en su menor cuota desde 2015, en un contexto en el que la Ley de Empleo aprobada hace tres años aspiraba a reforzar su papel en la intermediación laboral.

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Los servicios públicos de empleo bajan su participación al 1,9% de la contratación asalariada en 2025, con 354.500 colocaciones, retrocediendo respecto a años anteriores.
Las ETT gestionan 726.100 asalariados en 2025, el 3,9% del total, ampliando la distancia sobre los servicios públicos al 127,2%, un máximo histórico.
En 2025, el 57,3% de los colocados por los servicios públicos supera los 45 años y el 58% son mujeres, pero el impacto general sigue siendo reducido.

Retroceso de la intermediación pública en 2025

El resultado de 2025 rompe además la mejora observada tras la pandemia. En 2024, los servicios públicos de empleo habían alcanzado 354.500 colocaciones, el 1,9% del total, que era el mejor registro en cifras absolutas desde 2011. La comparación histórica también refleja que el retroceso no responde solo a un menor volumen de desempleados, ya que en 2007, con una tasa de paro mucho más baja, estos servicios facilitaban empleo a 543.200 personas, el 3,2% de los asalariados.

El artículo subraya que las administraciones autonómicas y el SEPE defienden que su actividad no se limita a la intermediación directa. También destacan funciones de formación, recualificación y orientación profesional para mejorar la empleabilidad de los demandantes. Sin embargo, la EPA recoge únicamente si hubo participación de una oficina pública en la obtención del empleo actual, sin detallar el tipo de intervención.

Las ETT mantienen una ventaja amplia en colocación

Las empresas de trabajo temporal alcanzan 726.100 asalariados en 2025, el 3,9% del total, pese a registrar también una caída anual del 1,1%. La distancia frente a los servicios públicos equivale al 127,2%, la más alta de la serie histórica. Este diferencial se mantiene aunque la reforma laboral prioriza la contratación indefinida y limita parte del negocio tradicional de las ETT, que han preservado actividad mediante el uso de contratos fijos discontinuos.

El texto matiza que ambas vías no son plenamente comparables porque las ETT operan como negocios centrados en ceder mano de obra eventual, mientras que los servicios públicos atienden a cualquier demandante y priorizan a colectivos con más dificultades de inserción. Aun así, la comparación refuerza la idea de que el sector privado conserva una mayor capacidad de colocación incluso con un marco regulatorio más restrictivo que en otros países europeos.

Mayor peso de sénior y mujeres, con impacto limitado

La composición de quienes acceden al empleo mediante servicios públicos de empleo muestra un envejecimiento claro. En 2025, el 57,3% de los beneficiarios tiene más de 45 años, frente al 28% registrado en 2007, mientras que las mujeres representan el 58%, máximo histórico. En las ETT también aumenta el peso de los trabajadores de más edad, aunque con una cuota femenina menor, del 46%.

En empleo juvenil, la diferencia entre ambos canales es reducida en términos porcentuales, pero no en volumen. Los menores de 25 años representan el 7,7% de las colocaciones de los servicios públicos y el 8% en las ETT, pero estas últimas contratan a 64.500 jóvenes, frente a 24.500 de las oficinas públicas. Sumadas ambas vías, apenas alcanzan el 5,6% del empleo asalariado, lo que mantiene su papel como mecanismo residual en la creación de empleo en España.

En nuestra publicación ya informamos de la autorización de un crédito extraordinario de 25.055.700 euros para reforzar el presupuesto del SEPE y financiar políticas activas de empleo. La medida se orientaba a sostener programas de formación, orientación e inserción laboral, con foco en jóvenes vulnerables —incluidos menores extranjeros no acompañados— en Ceuta y Melilla. Este contexto de refuerzo presupuestario ayuda a enmarcar el análisis actual sobre el papel y los resultados de la intermediación pública en el mercado laboral.

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