Hacienda prorroga los módulos de autónomos en 2026 y evita un alza fiscal
Una nota de la Agencia Tributaria extiende en 2026 los límites del régimen de módulos para unos 230.000 autónomos, pese a que la medida quedó fuera de vigor tras el rechazo parlamentario del Real Decreto-Ley 16/2025, según expone el texto. La decisión mantiene los topes de 250.000 euros de facturación anual y 125.000 euros en operaciones con empresas, en un momento clave para la liquidación del primer pago fraccionado y la campaña de la renta. Expertos fiscales citados en el artículo sostienen que la vía elegida por Hacienda abre dudas sobre su encaje legal y democrático.
Destacados
- Hacienda prorroga en 2026 los límites del régimen de módulos para autónomos, evitando que deban pasar a estimación directa y sufran un alza fiscal significativa.
- La extensión de los módulos se aplica mediante una nota administrativa pese al rechazo parlamentario del RDL 16/2025, generando polémica por su legalidad y estableciendo un precedente institucional.
- El sector del transporte de mercancías, afectado por los costes de combustible, impulsó la medida mientras expertos alertan del impacto negativo sobre la seguridad jurídica tributaria en España.
Prórroga fiscal para sostener el régimen de estimación objetiva
El mantenimiento de los límites evita que los autónomos acogidos a módulos tengan que pasar al sistema de estimación directa en 2026. Ese cambio habría elevado de forma significativa la carga tributaria de muchos contribuyentes, especialmente sin margen de adaptación contable al coincidir con el calendario de abril. La nota de la Agencia Tributaria prolonga unos umbrales que se habían aplicado entre 2016 y 2024 y que en 2025 ya se resolvieron mediante otra comunicación similar.La medida había sido incorporada a los decretos ómnibus rechazados por el Congreso en enero y febrero. En concreto, el texto señala que el RDL 16/2025 no fue convalidado por el Pleno, por lo que su contenido no pudo entrar formalmente en vigor. Pese a ello, Hacienda aplica ahora la extensión de los módulos mediante una nota que remite a criterios de la Dirección General de Tributos.Choque institucional y presión de los sectores afectados
Los expertos fiscales consultados en el artículo consideran que la actuación supone una irregularidad porque una nota administrativa no puede modificar tributos que requieren una ley aprobada por el Parlamento. También cuestionan que se tome como base un decreto no convalidado y alertan del precedente que supone sustituir una norma parlamentaria por una publicación en una web corporativa. El texto añade que este punto preocupa por su posible impacto sobre futuras medidas tributarias y regulatorias.Entre los sectores más afectados figura el transporte de mercancías, cuyos representantes, como Fenadismer, han trasladado a Hacienda la situación de sus autónomos en un contexto de presión por los costes del combustible. Fuentes citadas por el artículo indican que esas reuniones han sido clave para impulsar la solución. La nota también da salida a otras medidas incluidas en el segundo ómnibus rechazado, como la prórroga de deducciones por eficiencia energética y la exención por daños personales en incendios forestales.Implicaciones para la seguridad jurídica tributaria
El episodio refleja la dificultad del Gobierno para sacar adelante medidas fiscales con apoyo suficiente en el Congreso. Según los expertos citados, algunas de las iniciativas de carácter social y tributario habrían tenido más opciones si se hubieran tramitado por separado, en lugar de integrarse en decretos más amplios. La controversia sobre los módulos puede además influir en la percepción del mercado y de los contribuyentes sobre la seguridad jurídica en la aplicación de normas fiscales.En nuestra publicación ya informamos del retraso del Gobierno en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026 y de cómo ese bloqueo ya interfiere con el calendario legal para preparar las cuentas de 2027. También explicamos que la prórroga de los Presupuestos de 2023 y la falta de avances en objetivos fiscales y techo de gasto reducen la visibilidad sobre déficit y deuda, en un contexto en el que organismos como la AIReF han reclamado más transparencia y acceso a información clave.
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