España impulsa la participación laboral en consejos y capital empresarial

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Ciaran Ryan

13.04.2026

España impulsa la participación laboral en consejos y capital empresarial — Laboral en consejos: impulso clave

El Ministerio de Trabajo encargó a un grupo de académicos una guía para incorporar a los trabajadores a los consejos de administración de las empresas, una propuesta que, según expone Isabelle Ferreras en la entrevista, busca reforzar la innovación, la productividad y la estabilidad del tejido empresarial español. La politóloga, vinculada al FRNS belga y a las universidades de Harvard y Oxford, sostiene que la resistencia de la patronal CEOE responde a una visión de corto plazo sobre la gobernanza corporativa. El debate se produce en un momento en que España afronta retos de relevo en pymes, retención de talento y presión de fondos extranjeros sobre la propiedad empresarial.

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La propuesta plantea que los empleados tengan al menos un tercio de los votos en los consejos de administración y un 2% del capital, incrementándose hasta la mitad en grandes empresas.
Se impulsa la creación de fondos nacionales o estatales de trabajadores para diversificar la propiedad laboral, facilitar el relevo en pymes y evitar el control extranjero.
La mayor participación laboral en la gobernanza empresarial se argumenta como vía para incrementar productividad, innovación, retención de talento y compromiso de plantilla en España.

Propuesta de gobernanza corporativa y alcance

La experta defiende que los empleados tengan al menos un tercio de los votos en los consejos de administración y un 2% del capital de las empresas, mientras que en las compañías de mayor tamaño la participación podría elevarse hasta la mitad del consejo. A su juicio, este modelo no supone una interpretación extensiva del artículo 129 de la Constitución, sino una aplicación de su principio de participación en las decisiones de la empresa. Ferreras enmarca la iniciativa en prácticas ya conocidas en países como Alemania, Suecia, Países Bajos y Bélgica.

También plantea reforzar la capacidad vinculante de los comités de empresa en ámbitos como los sistemas de inteligencia artificial, al considerar que esta transición tecnológica afecta de forma directa a la gobernanza laboral. Según su argumento, compartir decisiones estratégicas obliga a buscar acuerdos entre dirección, accionistas y trabajadores, en lugar de centrar la gestión exclusivamente en la rentabilidad del capital. En ese esquema, el consejero delegado pasa a desempeñar un papel de equilibrio entre intereses distintos dentro de la empresa.

Propiedad laboral, pymes y arraigo territorial

La propuesta no se limita a la presencia en los consejos, sino que también contempla mecanismos para que los trabajadores accedan a la propiedad empresarial de forma diversificada. Ferreras señala que concentrar el capital solo en la empresa donde se trabaja puede elevar el riesgo para los empleados, por lo que apunta a fondos nacionales o estatales de trabajadores, con apoyo público y posible participación de otros actores financieros. Ese diseño, afirma, podría ayudar además a facilitar el relevo en pymes sin sucesor y evitar que acaben bajo control de fondos extranjeros.

La investigadora sostiene que una mayor voz y propiedad de los empleados vincula más la empresa al territorio y puede convertirse en una inversión sostenible y rentable a largo plazo. En su análisis, este enfoque también responde al aumento de la desigualdad entre quienes poseen acciones y quienes no tienen acceso al capital. Añade que Cataluña ha mostrado interés por estas ideas tras la presentación del informe y las conversaciones mantenidas con agentes sociales y parlamentarios en Barcelona.

Impacto en productividad, empleo y negociación social

Ferreras considera que la negativa de CEOE a sentarse en la mesa de negociación refleja una posición ideológica y una visión empresarial de corto plazo. Desde su perspectiva, una mayor participación de los trabajadores ayudaría a mejorar la productividad, la innovación, la calidad del empleo y la capacidad de retener talento en un mercado laboral con alta rotación. Argumenta que las compañías más participativas están en mejores condiciones de elevar el compromiso de sus plantillas y reducir ausencias o desmotivación.

La académica también sitúa el debate en un contexto más amplio, en el que los sindicatos han priorizado durante décadas la defensa salarial frente a la ampliación de derechos de codecisión. Aun así, sostiene que abrir esta discusión resulta clave para responder a una contradicción de las democracias actuales, donde los ciudadanos tienen derechos políticos plenos fuera del trabajo, pero escasa influencia en la esfera empresarial. En su opinión, posponer esa conversación puede dejar a las empresas españolas con menor capacidad competitiva y más expuestas a presiones externas sobre su propiedad.

En nuestra publicación informamos sobre el repunte de las dimisiones en España desde la reforma laboral, con un aumento especialmente acusado entre los trabajadores con contrato indefinido. Señalamos que esta mayor rotación pone en duda la mejora real de la calidad del empleo y añade costes y dificultades de retención para las empresas, en un contexto de paro todavía elevado.

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