España reduce el déficit público consolidado al 0,24% del PIB en marzo
La ejecución presupuestaria de 2026 muestra una mejora de las cuentas públicas, con una reducción del déficit consolidado y un aumento del superávit en los Fondos de la Seguridad Social. En paralelo, el déficit del Estado hasta abril se sitúa en el 0,15% del PIB, en un contexto de crecimiento de los ingresos por encima de los empleos no financieros.
Destacados
- El déficit público consolidado en España baja a 4.310 millones de euros en marzo de 2026, representando el 0,24% del PIB, un 31,2% menos interanual.
- Los ingresos tributarios estatales suben un 7,8%, hasta 87.731 millones de euros, impulsados por incrementos en IVA, IRPF y Sociedades, mientras el gasto crece un 10%.
- El superávit de la Seguridad Social alcanza 3.329 millones de euros en marzo de 2026, un 14,6% más, gracias al aumento del 8,3% en cotizaciones sociales.
Evolución fiscal hasta abril y marzo
Según datos publicados por el Ministerio de Hacienda, el agregado formado por la Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Fondos de la Seguridad Social registra en marzo de 2026 un déficit de 4.310 millones de euros, equivalente al 0,24% del PIB, frente al 0,37% del mismo periodo de 2025. La reducción interanual alcanza el 31,2%, mientras la ratio sobre PIB mejora en 0,13 puntos porcentuales.En el caso del Estado, el déficit a cierre de abril de 2026 se sitúa en 2.749 millones, el 0,15% del PIB. Si se excluyen los intereses, el saldo primario arroja un superávit de 8.704 millones, equivalente al 0,49% del PIB.
Los recursos no financieros del Estado alcanzan 101.798 millones de euros, un 7,8% más que un año antes. Los ingresos tributarios suman 87.731 millones, impulsados por el avance del IVA hasta 38.207 millones, del IRPF hasta 22.639 millones y del Impuesto sobre Sociedades hasta 14.016 millones.
Por el lado del gasto, los empleos no financieros del Estado ascienden a 104.547 millones, con un aumento del 10%. Las transferencias entre administraciones concentran la mayor partida con 61.670 millones, mientras los intereses suben a 11.453 millones y la aportación española a la Unión Europea por recursos propios basados en el IVA y la RNB crece un 41%, hasta 5.862 millones.
Mejora autonómica y mayor superávit en Seguridad Social
Las Comunidades Autónomas registran a finales de marzo un déficit de 3.506 millones de euros, equivalente al 0,20% del PIB, frente al 0,32% de un año antes. Hacienda atribuye esta mejora a un incremento de los ingresos no financieros del 12,6%, hasta 61.540 millones, superior al aumento del gasto, del 8,1%, hasta 65.046 millones.Los ingresos autonómicos se apoyan en el crecimiento de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, así como en mayores transferencias recibidas del Estado. Entre los gastos, aumentan la remuneración de asalariados, los consumos intermedios, las subvenciones y las transferencias sociales en especie, incluidas las partidas de farmacia, asistencia sanitaria y conciertos educativos.
Los Fondos de la Seguridad Social presentan un superávit de 3.329 millones de euros en marzo de 2026, un 14,6% superior al de 2025, equivalente al 0,19% del PIB. Los ingresos no financieros avanzan un 7%, hasta 66.051 millones, apoyados por un alza del 8,3% en las cotizaciones sociales, mientras los empleos crecen un 6,6%, hasta 62.722 millones.
Dentro de este bloque, el Sistema de Seguridad Social obtiene un superávit de 2.256 millones y el SEPE suma otro de 1.129 millones, mientras FOGASA pasa a un déficit de 56 millones. El Ministerio destaca además que la evolución de 2026 incorpora cambios como la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones y el aumento de las bases y tipos de cotización.
Las transferencias del Estado a la Seguridad Social para financiar las pensiones en 2026 fueron el foco de nuestro análisis previo, en un contexto de aumento del gasto por jubilación y envejecimiento demográfico. Explicamos que, aunque las cotizaciones siguen siendo la principal fuente de ingresos, las previsiones apuntan a que no bastarán para cubrir el gasto en pensiones contributivas, lo que refuerza la dependencia de aportaciones estatales y de mecanismos como el MEI y la cuota de solidaridad.
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