España defiende mantener la financiación de la PAC post 2027 tras consolidar su potencia agroalimentaria
A cuatro décadas de la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea, el Gobierno vincula la modernización del campo y de la industria alimentaria al desarrollo de la Política Agraria Común. El Ejecutivo sostiene que ese marco ha impulsado la competitividad exterior del sector y ahora reclama preservar su presupuesto y su carácter comunitario en la negociación posterior a 2027.
Destacados
- España alcanzó ventas agroalimentarias anuales de 78.000 millones de euros en 2025 y superávit superior a 18.200 millones, consolidando su posición exportadora.
- La PAC moviliza en España 47.724 millones de euros entre 2023 y 2027, con 4.800 millones anuales en ayudas directas para agricultores y ganaderos.
- El Gobierno rechaza la propuesta de la Comisión Europea de rebajar cerca de 20% los fondos post 2027 y exige mantener el volumen actual sin cofinanciación nacional.
Balance de 40 años y posición española
Según informó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el ministro Luis Planas sostiene que la PAC ha sido el motor de la transformación de un sector que pasó de un modelo casi de subsistencia a otro moderno, innovador y con fuerte presencia internacional. En un acto conmemorativo celebrado en el ministerio, Planas afirma que sin esta política el desarrollo del medio rural y del sector agroalimentario habría sido muy distinto, y reivindica su continuidad con financiación suficiente y sin recortes.El ministro destaca que la renta agraria casi se ha duplicado desde 1990 en términos reales y que el empleo en el sector primario se reduce hasta el 3,5% de la población activa, con unos 790.000 trabajadores, dentro de un proceso de ajuste y mejora de tamaño de las explotaciones. También resalta que la industria agroalimentaria multiplica por ocho su facturación en estos 40 años y aumenta su empleo un 51%.
En comercio exterior, Planas sitúa a España como cuarta exportadora agroalimentaria de la Unión Europea y séptima del mundo, con ventas anuales de 78.000 millones de euros y un superávit superior a 18.200 millones, con datos de 2025. El ministro también subraya la evolución del papel español en Bruselas, al pasar de país integrado en la política comunitaria a actor proactivo en asuntos como la agricultura mediterránea, la simplificación administrativa, la gestión de riesgos y la incorporación del enfoque de género en la última reforma.
Negociación post 2027 y efectos para el sector
En el periodo 2023-2027, la PAC moviliza en España 47.724 millones de euros, con 4.800 millones anuales en ayudas directas para complementar la renta de agricultores y ganaderos. El ministerio defiende que el actual plan estratégico, acordado con las comunidades autónomas, mejora el reparto mediante instrumentos como el pago redistributivo, el límite máximo de ayuda y los apoyos asociados a los sectores más vulnerables.Planas también pone en valor la elevada acogida de los ecorregímenes, a los que se adhieren más del 75% de los solicitantes y que cubren casi el 90% de la superficie declarada, así como las medidas de cohesión territorial, relevo generacional e incorporación de mujeres. En innovación, añade que España es el país europeo con más proyectos activos de I+D+I, con 2.500 iniciativas, y señala que fabricantes multinacionales de maquinaria agrícola mantienen centros de investigación en Estados Unidos y España.
De cara al marco posterior a 2027, el Gobierno rechaza la propuesta de la Comisión Europea y fija tres prioridades compartidas con comunidades autónomas, organizaciones agrarias y cooperativas: cuantía, identidad y no renacionalización. España exige al menos el mismo volumen de fondos que en el periodo actual, rechaza una rebaja cercana al 20% y advierte de que la cofinanciación nacional pondría en riesgo el carácter común de la PAC y el funcionamiento del mercado interior.
En nuestra información previa sobre la tramitación de los Presupuestos Generales de 2027, explicamos que el Gobierno inicia el proceso formal con la orden de elaboración en el BOE y la actualización del cuadro macroeconómico que servirá para fijar el techo de gasto. También señalamos que el Ejecutivo plantea unas cuentas de enfoque social, con un énfasis destacado en el refuerzo del Estado del Bienestar y un mayor despliegue de recursos públicos para vivienda.
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