Tubos Reunidos afronta riesgos judiciales por el rescate de 112 millones de la SEPI

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Ezequiel Gomes

Hace 2 horas

Tubos Reunidos afronta riesgos judiciales por el rescate de 112 millones de la SEPI — Riesgos tras rescate SEPI

Las pesquisas sobre las ayudas públicas concedidas durante la pandemia elevan la presión sobre Tubos Reunidos por su rescate de 112 millones de euros. La investigación sitúa el foco en contactos mantenidos en 2021 para acelerar la aprobación del apoyo estatal y añade posibles consecuencias reputacionales y de gobierno corporativo para la empresa.

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Tubos Reunidos enfrenta una investigación judicial tras el rescate de 112 millones de euros de la SEPI, con sospechas de pagos irregulares a Mediaciones Martínez y presunto uso de influencias.
La Guardia Civil investiga contraprestaciones de 114.950 euros y las actuaciones de Francisco Irazusta, Carlos López de las Heras y Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, con documentación que sugiere conocimiento previo de la aprobación del rescate.
El caso, vinculado a la trama Hirurok y a intentos de aplazar intereses de deuda entre 2024 y 2025, podría afectar la posición internacional de Irazusta en InfraBuild y mantiene bajo lupa el 25% de los 2.600 millones otorgados por la SEPI.

Investigación sobre el rescate y pagos bajo sospecha

Según elEconomista, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incorpora a la causa conversaciones que apuntan a que el entonces presidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, contactó con Leire Díez para conocer el estado de la ayuda del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La documentación aportada incluye un archivo identificado como "Leire sobre conversaciones con Pte Tubos Reunidos" y un informe sobre pagos percibidos por Mediaciones Martínez, señalada por los investigadores como una sociedad pantalla de la trama.

Las conversaciones se sitúan entre mayo y junio de 2021, antes de que el consejo gestor de la SEPI revisara y aprobara la operación el 13 de julio y de que el Consejo de Ministros la ratificara el 20 de julio. El sumario sostiene que la dirección de la compañía conocía con antelación que la ayuda estaba prácticamente cerrada, en una operación que ascendía a 112 millones de euros.

Fuentes próximas a la investigación, citadas en el texto original, señalan además que Irazusta está siendo investigado junto al actual CEO, Carlos López de las Heras, y al consejero Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia. La Guardia Civil también pone el foco en una supuesta contraprestación de 114.950 euros a través de Mediaciones Martínez para desbloquear el rescate y sospecha que esos pagos habrían servido para utilizar influencia dentro del holding público y agilizar la entrega de fondos estatales.

Impacto corporativo y alcance del caso

Tras la aprobación del rescate, Tubos Reunidos aprobó una retribución variable de 272.000 euros para Irazusta, provisionada pero no abonada, según la propia compañía. Esa prima forma parte de una remuneración total de 672.000 euros y queda condicionada por las exigencias de la SEPI, que impedían abonar bonus o remuneración variable a consejeros hasta que la empresa devolviera al menos el 75% del préstamo.

La presidenta de la SEPI, Belén Gualda, afirma en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional que el sistema del grupo está "hipercontrolado" y defiende que las ayudas fueron supervisadas con rigor, legalidad y auditorías internas. Gualda subraya que el fondo de solvencia salvó 62.000 empleos durante la pandemia, aunque Air Europa, Plus Ultra y Tubos Reunidos, que concentran una cuarta parte de los 2.600 millones otorgados durante el Covid, permanecen bajo investigación judicial.

La apertura de la investigación en España también puede afectar a la trayectoria internacional de Irazusta, actualmente en la australiana InfraBuild desde 2023. El texto indica que el código ético de esa empresa le obliga a informar del procedimiento al consejo de administración, que podría valorar medidas en función del avance de la instrucción dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Los investigadores vinculan además el caso con la presunta trama Hirurok y recogen actuaciones posteriores entre 2024 y 2025 para intentar aplazar una amortización parcial de intereses de la deuda. Entre los elementos del sumario figura una reunión celebrada el 13 de noviembre de 2024 en la sede del PSOE en Ferraz entre Santos Cerdán, Leire Díez y directivos de Tubos Reunidos, además de anotaciones en una libreta incautada con la referencia "Reunión Tubos Reunidos".

En nuestra publicación previa sobre la autorización del Consejo de Ministros para que la Región de Murcia convierta en deuda a largo plazo hasta 121 millones de euros, explicamos que la medida busca cubrir desviaciones de déficit de 2024 y sustituir financiación a corto plazo. También detallamos el marco legal y los límites de control estatal sobre el endeudamiento autonómico, así como el plazo para formalizar estas operaciones hasta finales de 2026.

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