Hacienda suaviza la soberanía fiscal de Cataluña en su propuesta de financiación autonómica

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Emilio Ghigini

Hace 2 horas

Hacienda suaviza la soberanía fiscal de Cataluña en su propuesta de financiación autonómica — Financiación autonómica suavizada

El Gobierno intenta cerrar un nuevo modelo de financiación autonómica con un diseño que, por ahora, solo logra encaje político en Cataluña. El borrador reduce el alcance de compromisos previos sobre cesión tributaria, pero mantiene incentivos financieros y más recursos para las comunidades si el esquema sale adelante.

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Hacienda elimina la cesión de competencias sobre el IRPF y la Agencia Tributaria catalana en su propuesta, suavizando la soberanía fiscal de Cataluña respecto a planes previos.
El borrador permite que solo Cataluña adopte el nuevo modelo de financiación mientras otras regiones pueden mantenerse en el sistema de 2009, facilitando apoyos políticos clave en el Congreso.
La propuesta eleva la cesión autonómica del IRPF del 50% al 55% y del IVA al 56,5%, y amplía en casi 21.000 millones de euros los recursos del sistema de financiación.

Claves del borrador y cambios sobre el IRPF

Según adelanta elEconomista.es, el texto remitido por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas omite cualquier mención a la cesión de competencias sobre el IRPF y a la Agencia Tributaria catalana, pese a que hace solo un mes la Generalitat y la agencia tributaria autonómica firmaron un programa que calendarizaba el traspaso gradual del impuesto hasta 2029.

El documento, debatido por las comunidades en la reunión técnica del Consejo de Política Fiscal y Financiera, plantea que cada territorio pueda acogerse al nuevo modelo o mantenerse en el sistema vigente desde 2009. Esa fórmula abre la puerta a que solo Cataluña adopte el nuevo esquema, concebido para atender las exigencias de ERC y, al mismo tiempo, facilitar apoyos de Junts en una futura votación en el Congreso.

La mayor parte del borrador, de 70 páginas, desarrolla los criterios técnicos con los que Hacienda calcula las necesidades de financiación de cada comunidad, en función de población, gasto sanitario, educativo y social, junto con factores correctivos como superficie, insularidad, dispersión y costes fijos. El texto tampoco incorpora el principio de ordinalidad reclamado por el independentismo catalán, que defiende que cada territorio conserve la misma posición relativa entre lo que aporta y lo que recibe.

Impacto para las autonomías y nuevos incentivos financieros

Ante la falta de respaldo entre otras comunidades, incluidas varias gobernadas por el PSOE, Hacienda también deja como optativas varias novedades del sistema. Entre ellas figura un modelo de entregas a cuenta inmediatas, en el que la recaudación de la capacidad básica y adicional de las autonomías entra de forma simultánea en una caja común o compartida.

Las comunidades que quieran acogerse a esa modalidad deberán aceptar primero el nuevo modelo en una comisión bilateral con el Gobierno y adherirse de forma expresa durante cinco años a partir de 2027, si la reforma prospera. Pasado ese plazo, la permanencia se prorroga salvo renuncia expresa del territorio.

El borrador también contempla una adhesión voluntaria al fondo IVA pymes, por el que el Estado transferirá recursos adicionales para premiar el apoyo autonómico a las pequeñas y medianas empresas. Con este mecanismo, las comunidades recibirán una transferencia equivalente al 56% del IVA recaudado por las liquidaciones de las pymes con domicilio fiscal en su territorio.

Además, Hacienda se compromete a ampliar en casi 21.000 millones de euros los recursos del sistema de financiación y propone elevar del 50% al 55% la cesión del IRPF y al 56,5% la del IVA. Ese cambio amplía la capacidad normativa de las autonomías sobre el Impuesto sobre la Renta, aunque sin llegar a la soberanía fiscal planteada en acuerdos previos con Cataluña.

Las autorizaciones del Gobierno para nuevas operaciones de deuda autonómica centraron nuestro artículo anterior, con luz verde a Castilla y León, Extremadura y Canarias para endeudarse dentro del marco de financiación vigente hasta finales de 2026. Allí explicamos que estos permisos buscan cubrir necesidades de tesorería y financiar déficit pendiente, manteniendo el control previo sobre el endeudamiento de las comunidades en pleno debate sobre la reforma del sistema.

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