ATA pide archivar reclamaciones de ayudas Covid a más de 100.000 autónomos tras un fallo judicial
La disputa sobre las ayudas extraordinarias por cese de actividad concedidas durante la pandemia entra en una nueva fase jurídica para miles de trabajadores por cuenta propia. ATA sostiene que ya no pueden mantenerse las reclamaciones fuera del plazo legal y reclama además la devolución de importes cobrados a autónomos sin pruebas de fraude.
Destacados
- El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictamina que no se puede reclamar el reintegro de 127 millones de euros en ayudas Covid a más de 100.000 autónomos tras expirar el plazo legal de revisión.
- ATA exige archivar expedientes de revisión y devolver las cantidades cobradas si los procedimientos de reintegro de ayudas se iniciaron fuera de plazo y sin pruebas de fraude.
- La sentencia pone presión sobre la Administración para garantizar seguridad jurídica y señala que demoras y fallos administrativos no deben perjudicar a los autónomos beneficiarios de las ayudas.
Alcance del fallo y exigencia de archivo
Según El Economista, citando Economía XXI, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirma que no se puede seguir reclamando las ayudas Covid a más de 100.000 autónomos cuando ya ha vencido el plazo legal para revisar su concesión. La sentencia, citada por ese medio, concluye que la entidad colaboradora no puede ampararse en la detección de omisiones formales para exigir de forma indebida el reintegro de 127 millones de euros.El tribunal considera que, para cuestionar el derecho del autónomo a la prestación, la Administración debe contar con pruebas sólidas de que hubo fraude. A partir de ese criterio, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos exige que se archiven los expedientes de revisión de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad cuando haya pasado más de un año desde su concesión provisional y no exista evidencia de actuación fraudulenta.
La organización también reclama la devolución de las cantidades ya cobradas a aquellos autónomos a los que se les exigió reintegrar las ayudas mediante procedimientos de revisión iniciados fuera de plazo. Para ATA, la resolución judicial refuerza una posición que, según afirma, viene defendiendo desde hace meses y que también ha encontrado respaldo en otros juzgados de lo social.
Presión sobre la Administración y efecto para los autónomos
ATA pide una seguridad jurídica clara y definitiva para cerrar este episodio y reclama que la Administración deje de litigar contra los autónomos por unas prestaciones que, a su juicio, cumplieron su función en el momento más severo de la crisis económica reciente. En declaraciones recogidas por Economía XXI, el presidente de la organización sostiene que, si la verificación de los expedientes se gestiona con retraso, ese coste no puede recaer sobre quienes actuaron de buena fe.Frente a las revisiones impulsadas tras las ayudas, la federación manifiesta su respeto por la fiscalización, pero subraya que esta debe quedar sometida al Estado de Derecho. En ese marco, sostiene que las conclusiones del Tribunal de Cuentas no pueden situarse por encima de las leyes procesales ni del ordenamiento jurídico de protección de los ciudadanos.
La asociación atribuye el conflicto a deficiencias administrativas, falta de control inicial y demoras de más de tres años para comprobar declaraciones responsables. A su juicio, trasladar ahora ese coste patrimonial a más de 100.000 autónomos, una vez expirado el plazo legal, supone un daño irreparable para la confianza legítima en la actuación pública.
Como señalamos antes, la congelación de cuotas amplía desde 2027 los supuestos sin revisiones posteriores para autónomos con prestaciones.
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