Por qué las reservas nacionales de Bitcoin importan a la gente corriente

Por qué las reservas nacionales de Bitcoin importan a la gente corriente
Reservas nacionales de Bitcoin: ¿una política elitista o un camino hacia la inclusión digital?

En medio del creciente interés mundial por los activos digitales, la creación de una reserva nacional de Bitcoin puede parecer un paso hacia el futuro, una señal de que el Estado reconoce la legitimidad de las criptomonedas y se prepara para una nueva era económica. Pero, ¿hay algún beneficio real para el ciudadano de a pie? ¿Cómo afectan los bitcoins en manos del gobierno a la vida de las personas que no comercian con criptomonedas, no leen libros blancos y no guardan frases con semillas bajo la almohada?

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

A primera vista, no. El caso de El Salvador, pionero de este enfoque, lo ilustra claramente. En 2021, el presidente Nayib Bukele declaró el Bitcoin moneda de curso legal junto al dólar estadounidense. El país lanzó la app Chivo Wallet y regaló a cada ciudadano 30 dólares en BTC. Parecía un primer paso hacia la inclusión financiera. Pero varios años después, apenas se ha notado el impacto en la economía cotidiana.

Una encuesta realizada en octubre entre los salvadoreños reveló que el 92% no utiliza Bitcoin para realizar transacciones, incluso más que en 2023, cuando el 88% dijo que no lo utilizaba.

El Salvador: simbolismo por encima de reforma

Según Quentin Ehrenmann, director general de la iniciativa sin ánimo de lucro Mi Primer Bitcoin, el Gobierno de El Salvador redujo su participación en proyectos relacionados con las criptomonedas tras firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las campañas de educación pública desaparecieron por completo.

"Desde que el gobierno firmó este contrato con el FMI, Bitcoin ya no es moneda de curso legal, y no hemos visto ningún otro esfuerzo para educar a la gente. El gobierno, aparentemente, sigue acumulando Bitcoin, lo que es beneficioso para el gobierno - no es directamente bueno para la gente."

A pesar de la continua acumulación de BTC, la estrategia criptográfica del país se asemeja más a un fondo estatal especulativo que a una herramienta de modernización económica. Los ciudadanos no tienen acceso directo a estos activos ni interacción con ellos. El FMI ha señalado explícitamente que las nuevas compras de Bitcoin ya no forman parte de la política oficial de El Salvador.

El Salvador organizó criptoconferencias, lanzó proyectos de blockchain y compró públicamente BTC durante las caídas del mercado, pero ninguno de estos pasos ha transformado significativamente la economía. Además, el país finalmente hizo concesiones al FMI, que ha instado repetidamente al gobierno a abandonar Bitcoin como moneda de curso legal.

Incluso el uso ocasional de la Lightning Network -como los pagos de hoteles a través de IBEX Pay- no cambia el panorama general. La falta de educación pública, el retroceso de los programas gubernamentales y la eliminación del estatus legal de BTC han empujado la adopción masiva aún más fuera del alcance de los salvadoreños de a pie.Así que si el experimento criptográfico más radical del mundo se quedó en poco más que una campaña de imagen, ¿qué esperanza hay de que las reservas de Bitcoin marquen una diferencia significativa en otros lugares?

Bután: la infraestructura por encima de las grandes declaraciones

En Bután se está desarrollando una estrategia diferente, menos pública pero igualmente ambiciosa. Este pequeño país del Himalaya de unos 800.000 habitantes lleva varios años construyendo discretamente una infraestructura minera de Bitcoin apoyada por el Estado.

La iniciativa está dirigida por la empresa de inversiones Druk Holding & Investments, propiedad del Gobierno, que ha instalado equipos de minería cerca de centrales hidroeléctricas. A diferencia de El Salvador, Bután no ha hecho anuncios espectaculares ni ha modificado el estatus legal de Bitcoin, sino que ha optado por un enfoque tecnocrático: integrar los activos digitales en su economía energética nacional.

La transparencia sigue siendo limitada: no se ha confirmado oficialmente la cantidad de Bitcoin que posee Bután. Sin embargo, el hecho de que el Estado no sólo esté invirtiendo, sino también construyendo infraestructuras, indica una estrategia más profunda. Aquí, Bitcoin no se trata como una "hucha", sino como un recurso vinculado a la política energética, la innovación y la soberanía.

¿Qué ganan los ciudadanos?

A pesar de los distintos enfoques -desde el experimento de El Salvador, que acapara titulares, hasta el silencioso impulso tecnocrático de Bután-, al ciudadano medio le queda una pregunta válida: "¿Qué significa esto para mí?". Y por ahora, la respuesta sigue siendo decepcionante.

En la actualidad, las reservas nacionales de Bitcoin no se integran en programas sociales, sistemas de pensiones, desarrollo de infraestructuras o incentivos fiscales. No reducen la inflación, ni hacen más accesibles los préstamos, ni crean puestos de trabajo directamente. En el mejor de los casos, representan una apuesta geopolítica de futuro; en el peor, son un gesto simbólico hacia la modernidad digital.

Aun así, el potencial está ahí. Los gobiernos que aprendan a incorporar Bitcoin a mecanismos reales de bienestar público -como subsidios, seguros o educación- pueden transformar los activos digitales en algo más que reservas. Pero hasta que eso ocurra, los beneficios de un tesoro soberano de Bitcoin siguen estando reservados en gran medida a políticos y actores institucionales.

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