España retrasa la transposición de la directiva salarial y mantiene abierta la incertidumbre regulatoria

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Ciaran Ryan

02.06.2026

España retrasa la transposición de la directiva salarial y mantiene abierta la incertidumbre regulatoria — Retraso en regulación salarial

España no llega al 7 de junio con el desarrollo cerrado de la directiva europea de transparencia salarial, una reforma laboral llamada a elevar las obligaciones de información de las empresas. El Ministerio de Trabajo sostiene que necesita todavía días o semanas para disponer de un borrador, mientras recursos humanos sigue pendiente del alcance final de los cambios.

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España no cumple el plazo del 7 de junio para transponer la directiva europea de transparencia salarial, y el Ministerio de Trabajo aún no tiene un texto definitivo para negociar.
La directiva 2023/970 bajará el umbral de revisión de brechas salariales del 25% al 5% y exigirá que todas las ofertas de empleo incluyan la banda salarial.
El Gobierno tramitará la norma vía real decreto para evitar el Congreso, lo que limita las modificaciones legales y reduce el alcance efectivo esperado en el mercado laboral.

Plazos pendientes y alcance de la futura norma

Según informa elEconomista.es, el Ministerio de Trabajo todavía no tiene un texto definitivo del real decreto con el que prevé incorporar a la legislación laboral española la directiva europea de transparencia salarial. El departamento defiende que la medida es urgente y prioritaria, pero admite que el borrador que debe presentar a patronal y sindicatos sigue sin estar listo y que España incumple el plazo de transposición fijado para el 7 de junio.

El ministerio abrió a finales de abril el trámite de consulta previa para recabar aportaciones de los agentes sociales y otros actores interesados, aunque aún no dispone de un documento cerrado para llevar a la mesa del diálogo social. El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, señala que existe un plazo razonable para cumplir incluso si no se llega a la fecha límite, y subraya que la directiva no contó con una aprobación generalizada entre los 27 Estados miembros.

Trabajo sostiene además que España llega mejor preparada por las medidas ya aprobadas para combatir la brecha salarial de género, como los planes de igualdad y otras herramientas de transparencia retributiva. Aun así, la norma sigue lejos del Consejo de Ministros y no hay un calendario concreto para su aprobación.

Impacto previsto en empresas y mercado laboral

La directiva 2023/970 obliga a los empleadores a evaluar los salarios para detectar brechas del 5% o más, frente al umbral actual del 25%, y a responder a las peticiones de información de los trabajadores sobre cómo se comparan sus sueldos con los de otros empleados. También exige corregir diferencias no justificadas con criterios objetivos y neutros, que además deben constar por escrito.

El nuevo marco contempla igualmente que las ofertas de empleo incluyan la banda salarial, una práctica que hoy solo aparece en el 18% de las vacantes publicadas en España. La norma elimina además las cláusulas contractuales que impiden revelar el sueldo y prohíbe a las empresas preguntar a los candidatos por sus salarios anteriores, con el objetivo de reforzar la posición negociadora de los trabajadores y reducir sesgos que afectan especialmente a las mujeres.

El Gobierno opta por la vía del real decreto, una fórmula que evita una votación en el Congreso de los Diputados y reduce el riesgo de una derrota parlamentaria. Sin embargo, esa elección también limita el margen para modificar leyes ya vigentes, por lo que el cambio efectivo sobre el marco actual podría resultar más acotado de lo que esperan muchas empresas y departamentos de recursos humanos.

En nuestra publicación anterior sobre la creación de empleo en España y su capacidad para absorber inmigración, analizamos por qué el mercado laboral español ha integrado con más rapidez a los recién llegados que Finlandia pese a tasas de paro similares. Explicamos que el impulso del turismo, la hostelería y los cuidados, junto con la recuperación de los servicios y los fondos europeos, ha sostenido la contratación, aunque persisten límites como el desempleo estructural y la presión sobre vivienda y servicios públicos.

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